ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BARRIOS DEGRADADOS, CONJUNTOS HISTÓRICOS, CENTROS URBANOS Y MUNICIPIOS RURALES (ARIs)

CONCEPTO

Se entenderán como áreas de rehabilitación los tejidos residenciales en el medio urbano y rural en los que se desarrollen actuaciones que supongan la superación de las situaciones de infravivienda, la recuperación funcional de centros urbanos, barrios degradados, conjuntos históricos y municipios rurales que precisen la rehabilitación de sus edificios y viviendas, y de intervenciones de urbanización o reurbanización de sus espacios de uso público, así declarados por la Comunidad Autónoma, y acogidos a las ayudas económicas correspondientes mediante acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento.

Se deberán incluir al menos 200 viviendas con una antigüedad al menos de 10 años, así mismo las viviendas deberán destinarse a domicilio habitual y permanente de o propietario o al arrendamiento al menos durante 10 años.

OBJETO DE LAS ACTUACIONES

Podrán ser protegidas las siguientes operaciones de rehabilitación de edificios y viviendas: En elementos privativos del edificio –viviendas-, las obras de mejora de la habitabilidad, seguridad, accesibilidad y eficiencia energética. En elementos comunes del edificio las obras de mejora de la seguridad, estanqueidad, accesibilidad y eficiencia energética. En espacios de uso público, las obras de urbanización, reurbanización y accesibilidad, comprendiendo, en su caso, obras de demolición.       PRESUPUESTO PROTEGIDO MÍNIMO El Presupuesto Protegido Mínimo de las actuaciones de rehabilitación en viviendas será de 3.000 euros, salvo que se trate de la adaptación de la vivienda para el uso de persona discapacitada. En rehabilitación de edificios será de 1.500 euros por vivienda o de 3.000 euros por vivienda cuando se trate de unifamiliar. Cuando las actuaciones de rehabilitación sean promovidas por promotores individuales para uso propio y tengan lugar en el medio rural, que comprende todos los municipios de Aragón, menos las capitales de provincia, podrá incluirse además, un anejo de 25m2 de superficie útil, vinculado registralmente a la vivienda, con independencia de que su superficie real sea superior.    ANTICIPOS Y CERTIFICACIONES PARCIALES DE OBRA El promotor de la actuación podrá solicitar un anticipo de hasta el 50% de la subvención previa justificación del inicio de las obras, cuya cantidad deberá garantizarse en la forma y condiciones establecidas en el artículo 84 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. El promotor de las obras cuyo plazo de ejecución sea igual o superior a 6 meses, podrá solicitar abonos parciales de la subvención que le corresponda. Con anterioridad al 15 de septiembre de cada ejercicio podrá remitir una certificación parcial de la obra ejecutada durante esa anualidad hasta un máximo del 80% del total del Presupuesto Protegido.       REQUISITOS El promotor no ha de haber obtenido previamente ayudas financieras para rehabilitación de vivienda o edificio por el mismo concepto con cargo a Planes de vivienda durante los 10 años anteriores a la calificación definitiva. Las viviendas se destinarán a residencia habitual y permanente, durante un plazo mínimo de 10 años desde la calificación definitiva. Para calificar como protegida una actuación de rehabilitación de vivienda, se exigirá que previa o simultáneamente a la misma, ésta alcance las condiciones higiénicas mínimas de habitabilidad de las viviendas establecidas en la normativa vigente. Asimismo, la actuación no se calificará como protegida si la vivienda se encuentra ubicada en un edificio que no posea características estructurales, de estanqueidad frente a la lluvia y funcionales correctas. Las obras deberán contar con licencia municipal, no debiendo comenzar con anterioridad a la visita técnica oficial, salvo caso de urgencia grave previamente reconocida por la Dirección Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes correspondiente, en cuyo caso tampoco deberán comenzar con anterioridad a la fecha de la solicitud. El precio y la renta de las viviendas rehabilitadas que se destinen a venta y arrendamiento respectivamente no podrán superar las previstas para las viviendas de régimen tasado durante 10 años.